Ricardo La Regina fue sentenciado a la pena de cuatro años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal.
El Superior Tribunal de Chubut definirá mañana si queda firme la condena contra Ricardo La Regina, el ganadero que en 2024 fue sentenciado a 4 años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal en el caso en que se investigó la matanza de 140 nidos de pingüinos en Punta Tombo.
La citación será este martes 21 de abril cuando, a más de tres años de investigación y con seis jueces que ya confirmaron la condena, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revise el caso.
La audiencia se realizará en la sala del máximo tribunal provincial y estará encabezada por la fiscal general jefa, Florencia Gómez, quien lidera la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
El proceso se sostiene en una investigación de más de tres años, en la que seis jueces de distintas instancias ya coincidieron en confirmar la condena en todos sus términos, consolidando la solidez de la prueba y la consistencia de la acusación, destaca el comunicado del MPF.
El caso expone la muerte de más de un centenar de pingüinos y la devastación de sus áreas de nidificación como consecuencia de intervenciones humanas ilegales en un área protegida, lo que derivó en una condena de 4 años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal.
Las autoridades catalogan la causa como uno de los hechos de mayor gravedad ambiental judicializados en la Argentina, no solo por la magnitud del daño acreditado, sino también por la calidad de la investigación, que incorporó herramientas innovadoras como imágenes satelitales de la CONAE para reconstruir los hechos con precisión, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
La decisión del Superior Tribunal no solo resolverá el caso concreto: definirá si se consolida un criterio firme de protección penal del ambiente y la fauna silvestre en la Argentina, en un contexto donde este tipo de delitos adquiere creciente relevancia.
La causa
De acuerdo con la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.
Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos”.
Y destacó que la “acción efectuada con una máquina retroexcavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichones de pingüinos durante su etapa reproductiva”.
“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entiende que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave daño ambiental que ocasionó”., concluyó la fiscal Florencia Gómez en la etapa de alegatos finales del juicio.
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