El gobierno provincial avanzó con acciones legales para que los responsables de amenazas en escuelas afronten gastos policiales. La medida busca reparar el daño económico generado ante los hechos.
Las amenazas en escuelas derivaron en una decisión del gobierno de Entre Ríos de impulsar acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos identificados afronten los costos de los operativos de seguridad. La medida fue analizada en un encuentro interministerial que reunió a autoridades educativas, policiales y judiciales.
De la reunión participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la provincia, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios. Allí evaluaron mecanismos para aplicar sanciones económicas bajo el concepto de reparación civil.
La iniciativa se enmarcó en la creciente cantidad de episodios de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, lo que obligó a activar protocolos de emergencia con importantes despliegues de recursos humanos y materiales.
Responsabilidad civil de los adultos
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, más allá de las limitaciones que pueden existir en el ámbito penal por la edad de los menores involucrados, existe la posibilidad de avanzar en el plano civil. En ese sentido, se resolvió reclamar el recupero de los gastos ocasionados por cada operativo.
«Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el estado no tiene por qué absorber», expresaron las autoridades.
De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad recae sobre los progenitores o responsables legales. Por ello, la provincia iniciará acciones judiciales para exigir el pago de los costos a las familias de los estudiantes que ya fueron identificados en distintas causas.
Costos millonarios y prevención
Según datos aportados durante el encuentro, los operativos desplegados por amenazas en escuelas ya generaron gastos que superaron los 250 millones de pesos. La cifra incluyó movilización de patrulleros, brigadas especializadas, logística, tecnología y horas de trabajo del personal policial.
Además, se indicó que muchas de estas intervenciones implicaron desviar recursos destinados a la prevención del delito común, lo que generó un impacto adicional en la seguridad pública. En ese contexto, se destacó el trabajo de inteligencia tecnológica que permitió identificar a la mayoría de los autores de las amenazas.
Desde la mesa de seguimiento, en la que también intervino el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se instó a las familias a asumir un rol activo en el control del uso de dispositivos digitales por parte de los menores.
«No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real», concluyeron las autoridades tras la reunión.
