Se trata de Valentina Olguín, quien el año pasado había sido procesada por el delito de contrabando por simulación.
El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán amplió el procesamiento contra Valentina Olguín, la influencer acusada de utilizar el CUIT de gobernadores para realizar importaciones de lujo. En mayo de 2025 la joven ya había sido procesada, pero solo por el uso de la Clave Única de Identificación Tributaria del mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Ahora, se comprobó que las operaciones realizadas incluyen los nombres del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; de Buenos Aires, Axel Kicillof; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado, resolvió ampliar su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación. La medida alcanza unos 15 hechos, tras acreditarse que la imputada utilizó ilegalmente los datos personales y números de CUIT de gobernadores para realizar importaciones, supo la Agencia Noticias Argentinas.
El pedido del fiscal federal Agustín Chit establece que la cantante e influencer “simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por Courier”. Según consta en el expediente, la acusada utilizó las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de una marca estadounidense en su domicilio particular.
De este modo, en la resolución se destaca que, dada la gravedad y la reiterancia de estas maniobras, se dispuso también ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de $15 millones. La figura de contrabando por simulación se encuentra prevista en la normativa penal aduanera y contempla penas de entre 2 a 8 años de prisión.
En la acusación se señala que la influencer habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico indebido, evitando así utilizar su propio cupo aduanero anual para compras en el extranjero, se destaca en el portal de Fiscales.
Durante la pesquisa se obtuvieron diversos elementos probatorios, como por ejemplo análisis técnicos de comunicaciones, el examen de sus dispositivos electrónicos y la verificación de impactos de antenas telefónicas que coinciden, temporal y geográficamente, con la recepción de los paquetes en su domicilio al momento de las entregas.
A partir del seguimiento de envíos gestionados por la empresa FedEx, el Ministerio Público Fiscal pudo determinar que distintas compras internacionales de indumentaria eran remitidas al domicilio particular de la acusada en el barrio porteño de Núñez.
El juzgado rechazó los planteos formulados por la defensa, que sostenían que los datos utilizados en la investigación habían surgido de una supuesta “búsqueda al azar” en internet, al considerar que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas permiten descartar la alegada falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior.
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