La reforma previsional que impulsa el gobierno provincial no es simplemente un ajuste técnico para corregir un déficit: es, en esencia, una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo el argumento de la “sustentabilidad”, se instala una narrativa que desplaza el foco del problema —la histórica desfinanciación del sistema y la deuda nacional— hacia los propios trabajadores y futuros jubilados.
El oficialismo justifica la reforma en el déficit de la Caja, que efectivamente existe y es significativo, pero omite que ese rojo se cubre con recursos provinciales en gran medida por decisiones estructurales y por incumplimientos del Estado nacional. En lugar de dar esa discusión de fondo, el camino elegido es más sencillo políticamente: reducir el gasto futuro bajando haberes y endureciendo condiciones de acceso.
Los ejes conocidos del proyecto son elocuentes. Por un lado, se plantea elevar la edad jubilatoria —acercándola al régimen nacional— y aumentar los años de aportes, lo que implica trabajar más tiempo para cobrar menos. Por otro, se modifica el cálculo del haber inicial: se pasa de tomar los últimos 10 años a considerar períodos mucho más extensos, incluso hasta 30 años. Esto no es un detalle técnico: es el corazón del ajuste.
Porque el gobierno sostiene que se mantiene el 82% móvil, pero lo hace sobre una base distinta. Y ahí está la clave política: no se elimina la semántica del 82% móvil, se lo vacía de contenido. Si el cálculo incluye etapas de salarios más bajos, el resultado es una jubilación significativamente menor. Distintos análisis muestran pérdidas que pueden superar el 25% del ingreso respecto del sistema actual.
En paralelo, la reforma avanza sobre regímenes especiales y condiciones diferenciales que reconocían realidades laborales específicas. Bajo el discurso de “equidad”, se tiende a una homogeneización que en los hechos significa igualar hacia abajo, eliminando conquistas históricas sin discutir alternativas de financiamiento progresivo.
Otro punto crítico es el proceso político. El propio oficialismo reconoce que aún no hay un proyecto completamente difundido ni estudios actuariales accesibles, mientras que sectores de la oposición y sindicatos reclaman información básica para poder debatir. Esto debilita la legitimidad del proceso: no hay reforma estructural seria sin transparencia plena ni consenso social.
En este contexto, la discusión de fondo queda desplazada: ¿por qué el equilibrio del sistema debe lograrse recortando derechos y no ampliando ingresos? ¿Por qué no se discuten con la misma intensidad privilegios, regímenes de excepción o fuentes alternativas de financiamiento? Incluso dentro del propio oficialismo aparecen voces que piden revisar jubilaciones de privilegio antes que avanzar sobre el conjunto.
En definitiva, la reforma previsional en Entre Ríos no es neutra ni inevitable. Es una decisión política que redefine el contrato social entre el Estado y sus trabajadores. Bajo el discurso de la responsabilidad fiscal, se configura un esquema donde la variable de ajuste vuelve a ser el salario diferido de los trabajadores.
La pregunta central no es si el sistema necesita cambios —probablemente los necesite— sino qué tipo de reforma se construye y a costa de quién. Hoy, todo indica que el rumbo elegido apunta más a la reducción del gasto que a la construcción de un sistema previsional justo, solidario y sostenible en serio.
Por Álvaro Gabás
