La titular de la institución notarial de CABA, Magdalena Tato, explicó las responsabilidades legales y éticas de su profesión frente a la opinión pública.
En medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto, y defendió los controles internos del notariado.
La dirigente explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es clara. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, afirmó, y agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo por Radio Rivadavia.
Tato diferenció ese mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, señaló. Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional debe reportarlo: “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.
En relación con el caso que involucra a la escribana mencionada en la controversia pública, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución sigue el expediente. “Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente… trabajamos para par con la justicia”, indicó. También explicó que el organismo actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida.
Durante la entrevista, Tato detalló además que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción. “Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”, afirmó. Según explicó, los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presidenta del Colegio también defendió el rol de control institucional frente a cuestionamientos surgidos tras la polémica. “Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta”, expresó, y subrayó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover destituciones. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, aseguró.
En paralelo, Tato explicó la importancia de la protección de la vivienda, conocida anteriormente como “bien de familia”, como herramienta para resguardar el patrimonio. “Porque te protege de cualquier acción… un accidente de tránsito lo podemos tener todos”, afirmó. Además, recordó que desde el Código Civil y Comercial de 2015 el beneficio se amplió a personas solas: “Si sos solo o sola, lo podés hacer igual… es un derecho humano fundamental”.
Por último, la dirigente rechazó la idea de que la actividad notarial sea hereditaria y destacó el sistema de ingreso. “No, nunca lo fue. Es un examen absolutamente anónimo, basado en la meritocracia”, señaló, y remarcó que el acceso a la matrícula exige controles estrictos y formación continua. “Llegar a ejercer es muy difícil… cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio”, concluyó.
na
