La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda de hackers que accedía a sistemas de organismos públicos y privados, extraía los datos personales de usuarios y clientes y luego los vendía. Esa información terminaba en manos de organizaciones criminales dedicadas a cometer extorsiones o estafas por suplantación de identidad o acceso a claves personales de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA “desbarataron, mediante un importante operativo, una significativa organización ilícita acusada de la sustracción ilegal de información digital sensible proveniente de organismos públicos y privados”.
Entre las bases hackeadas se encuentran las del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), el PAMI, el Sistema Integrado de Información Sanitaria de los Argentinos (SISA, que contiene los registros de salud de ciudadanos), y las credenciales de usuarios de Mi Argentina, la app que permite contar en el teléfono celular con todo tipo de información personal.
La investigación comenzó en octubre de 2025 cuando el fiscal federal Ramiro González encomendó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA “la ejecución de tareas de campo y análisis, con el objeto de establecer la estructura de una organización delictiva, dedicada a la exfiltración y comercialización ilegítima de bases de datos pertenecientes a la administración pública nacional y registros del sector privado”.
Los ciberdetectives individualizaron a los administradores de diversas cuentas de la plataforma de mensajería Telegram que eran utilizadas como “vectores para la oferta de activos de información vulnerados”.
Las tareas de inteligencia y análisis de datos realizadas por los policías especializados en ciberdelitos permitieron determinar qué herramientas de automatización usaba la banda para obtener acceso irrestricto a información sensible que, después, era comercializada en el mercado negro y posteriormente utilizada para la comisión de diversos delitos, entre ellos, estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras ilícitas.
“En paralelo y a partir de la investigación desarrollada, los efectivos federales establecieron que la organización contaba con una red de hackers. Además, se detectó el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para la estratificación y redistribución de los activos provenientes de estas maniobras ilícitas”, se explicó.
Algunos de los sospechosos identificados eran usados como ‘mulas digitales’: por ejemplo, personas que ponen sus billeteras virtuales para recibir dinero de los estafados y transferirlo hacia otras cuentas para dificultar su rastreo.
“Esta estructura poseía una estrecha vinculación operativa y compartía integrantes con una organización criminal transnacional desarticulada por este mismo Departamento en octubre de 2025. En aquella organización operaba una sofisticada comunidad de ciberdelincuentes bajo la denominación ‘dictadores‘. Muchos de los investigados formaban parte de esa matriz criminal dedicada al desarrollo y usufructo de infraestructuras cibernéticas ilícitas», comunicó el Ministerio.
Luego de que se identificaran a los integrantes de la banda y sus roles dentro de la operación, el juez federal Sebastián Ramos ordenó la realización de 11 allanamientos en Alejandro Korn, Bosques, Luis Guillón, José C. Paz, Moreno, la ciudad de Buenos Aires, la localidad de Jovita (Córdoba), Villa Berthet (Chaco), Paraná (Entre Ríos) y las ciudades de La Rioja y San Juan.
Del procedimiento participaron 128 efectivos de la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales (GEOF), la Dirección General de Orden Urbano y Federal, de las Divisiones Unidades Operativas Federales de Río Cuarto, Presidencia Roque Sáenz Peña, La Rioja, San Juan y Paraná, de la Unidad de Intervención de Tecnologías Forenses, de la División Comunicaciones Cuyo, de la División Comunicaciones Rosario y NOA−Tucumán.
Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años. Se secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, cuadernos con anotaciones, un disco externo y pendrive, una tablet, dos discos SSD, un point de Mercado Pago, un módem y un router, entre otros elementos.
Fuente: La Nación
