El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar para fin de año una propuesta de reforma tributaria y ratificó que la reformulación del sistema previsional quedará para después de las elecciones de 2027, mientras que dio pistas de algunas otras herramientas que podrían sumarse para el control del gasto público.
Las definiciones fueron incluidas en un apartado del informe que resume la segunda revisión del acuerdo con el organismo que realiza el staff técnico del FMI; se conoce como memorando de políticas económicas y financieras.
Allí la administración de Javier Milei detalló sus compromisos de políticas. La definición más concreta quedó plasmada en la tabla de “structural benchmarks” (compromisos estructurales).
Según el documento, esa iniciativa deberá apuntar a “mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario” y avanzar en “la racionalización continua de gastos tributarios costosos”, algo que permitiría “eliminar gradualmente impuestos distorsivos al comercio y a las transacciones financieras”.
Aunque el texto evita mencionar tributos específicos, el acuerdo abre la puerta a una discusión sobre retenciones y el Impuesto al Cheque. El propio memorando aclara además que el proceso será gradual y coordinado con las provincias.
La referencia se da en momentos en que el Ministerio de Economía comenzó conversaciones con gobernadores para avanzar hacia un nuevo consenso fiscal tras un anuncio de rebaja de retenciones para el campo y la industria.
En el Palacio de Hacienda sostienen que cualquier baja de impuestos nacionales deberá ser acompañada por reducciones de tributos provinciales y municipales para bajar el llamado “costo argentino”.
Más allá de los compromisos asumidos por el Gobierno, el staff técnico del FMI incluyó además un documento con recomendaciones específicas sobre cómo debería reformarse el sistema tributario argentino. Allí, el organismo sostiene que el esquema impositivo local sigue siendo “complejo, altamente distorsivo e inestable” y afirma que más de un cuarto de la recaudación depende de impuestos considerados distorsivos, especialmente tributos al comercio exterior, impuestos sobre transacciones financieras e Ingresos Brutos (IIBB) provinciales.
El Fondo remarca además que la Argentina tiene más de 155 impuestos, una estructura con múltiples regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, y una elevada dependencia de tributos indirectos.
En ese contexto, propone una reforma integral basada en:
Reducción de exenciones impositivas;
Ampliación de la base imponible de Ganancias;
Reforma del monotributo;
Simplificación del impuesto corporativo;
Fortalecimiento de impuestos internos;
y una reducción gradual de retenciones y del impuesto al cheque.
El documento también sugiere avanzar hacia una reforma tributaria provincial que eventualmente permita reemplazar Ingresos Brutos por un esquema de IVA dual nacional-provincial, similar al aplicado en India o Brasil.
“El énfasis debería ponerse en reducir gradualmente los impuestos a las exportaciones, especialmente sobre soja, trigo y maíz, y desmontar los impuestos a las transacciones financieras”, sostuvo el reporte. Vale recordar que esta semana el Gobierno presentó un cronograma de bajas de derechos de exportación para el campo y la industria. El staff incluso estimó que eliminar retenciones podría aumentar exportaciones agroindustriales en torno al 10%, sumar unos US$5000 millones anuales de divisas y elevar el PBI alrededor de 0,4 puntos porcentuales.
El acuerdo también incorpora una definición política relevante sobre jubilaciones. El Gobierno dejó asentado en el memorando que planea avanzar con una reforma del sistema de pensiones recién después de 2027.
“Tras la implementación de las reformas laborales y tributarias destinadas a mejorar la formalidad laboral, planeamos comenzar a desarrollar una reforma del sistema de pensiones (finales de diciembre de 2027) diseñada para mejorar su sostenibilidad, vincular mejor las contribuciones con las prestaciones y garantizar un apoyo adecuado para los más vulnerables”, detalló el texto.
La definición implica, en los hechos, que la Casa Rosada busca postergar cualquier discusión previsional estructural hasta después de la próxima elección presidencial. “El Gobierno considera que la reforma es mejor adoptarla en un contexto de dos pilares: primero, una mayor formalidad laboral —que esperan que se materialice gradualmente con la implementación de la Ley de Modernización Laboral— y, segundo, una reforma tributaria posterior destinada a impulsar el crecimiento liderado por el sector privado”, señaló el staff report.
El FMI dedicó además un pie de página específico al sistema previsional argentino y advierte sobre su peso creciente sobre las cuentas públicas. “El gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y se proyecta que aumente aún más a medida que se intensifiquen las presiones demográficas y avance la desinflación”, sostiene el informe.
En ese contexto, el organismo remarcó que los cambios introducidos por el Gobierno en la fórmula de movilidad durante 2024 fueron “fundamentales para contener el gasto previsional”.
El acuerdo también incluyó otros compromisos vinculados al fortalecimiento del ancla fiscal. El Gobierno se comprometió a enviar un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero y acompañado por un marco fiscal de mediano plazo con escenarios de riesgo y proyecciones plurianuales.
Además, prometió avanzar en un sistema integrado de información tributaria para mejorar el monitoreo fiscal, fortalecer controles sobre grandes contribuyentes y continuar modernizando la gobernanza y la comunicación del Banco Central.
Fuente: La Nación
