El fiscal federal Guillermo Marijuán rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación de la Hidrovía y cuestionó con dureza el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), al sostener que “no encuentra correspondencia” con la investigación que lleva adelante su fiscalía.
En un dictamen de siete páginas, Marijuán afirmó que la causa bajo su órbita “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024”, vinculada a la gestión estatal de la Vía Navegable Troncal durante 2023.
El fiscal sostuvo que el informe remitido por la PIA el pasado 15 de mayo “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante” y cuestionó además la rápida repercusión pública que tuvo el documento.
“Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión”, señaló Marijuán, quien remarcó además que el texto “no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial de la Nación Lex 100” cuando comenzó a ser citado públicamente.
El dictamen incluso menciona como ejemplo una publicación periodística de La Nación realizada horas después de la remisión del documento.
Marijuán también reveló que la fiscalía había solicitado previamente actuaciones vinculadas a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 y que “tal requerimiento a la fecha permanece sin respuesta”.
Respecto del planteo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el fiscal concluyó que no estaban dados los requisitos legales para dictar una cautelar que suspenda el avance del proceso licitatorio.
Según explicó, “no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada”.
También sostuvo que la suspensión de la licitación “no se encuentra suficientemente sustentada en la acreditación de arbitrariedad manifiesta ni en la configuración del peligro en la demora”.
En esa línea, recordó que en la Justicia Federal de Santa Fe ya tramita un amparo ambiental colectivo relacionado con la Hidrovía y que en ese expediente “se han rechazado las cautelares propiciadas”.
Finalmente, Marijuán concluyó que debía rechazarse el planteo impulsado por la organización civil y remitió las actuaciones al juzgado interviniente.
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