Las sociedades progresan cuando amplían derechos y construyen consensos. Retroceden cuando buscan culpables entre quienes trabajan y aportan.
Mientras el gobierno provincial insiste en presentar a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos como una carga que los entrerrianos deben soportar, conviene separar los hechos de los relatos. Porque una cosa es discutir la sustentabilidad de un sistema previsional y otra muy distinta es construir culpables para justificar decisiones políticas.
En las últimas semanas hemos escuchado una narrativa que busca instalar que el déficit de la Caja es consecuencia de los haberes que perciben jubilados y pensionados. Ese discurso no resiste un análisis serio. Responde más a una necesidad política que a una realidad respaldada por los datos.
No es la primera vez que ocurre. Al inicio de la actual gestión también se intentó instalar la idea de una provincia al borde del colapso, donde ni siquiera podrían pagarse salarios y aguinaldos. Cuando llegó el momento de administrar y revisar las cuentas, aquella afirmación quedó rápidamente desmentida por los hechos.
Hoy asistimos a una estrategia similar. Se pone la lupa sobre los trabajadores y jubilados, mientras se dejan fuera de la discusión cuestiones centrales para entender la situación previsional de Entre Ríos.
La primera es la deuda que mantiene el Estado nacional con nuestra provincia por los déficits previsionales no transferidos. Son recursos que pertenecen a los entrerrianos y cuya actualización y pago deben formar parte de cualquier debate serio sobre el futuro de la Caja.
La segunda es la necesidad de fortalecer el empleo formal y registrado. Ningún sistema previsional mejora reduciendo derechos o disminuyendo beneficiarios. La sustentabilidad se construye ampliando la base de aportantes, generando más trabajo y promoviendo el crecimiento económico.
Sin embargo, la discusión pública parece orientarse en otra dirección. Se busca señalar como responsables del problema a docentes, enfermeros, policías y trabajadores estatales que durante décadas realizaron aportes previsionales entre los más altos del país, cumpliendo con todas las obligaciones que el propio Estado les exigió.
Resulta preocupante que se pretenda presentar como un privilegio aquello que es un derecho adquirido. Los jubilados no son una carga. Son personas que trabajaron toda una vida bajo reglas establecidas por el Estado y que hoy tienen derecho a recibir una prestación acorde a los aportes realizados.
Además, existe una mirada económica que suele omitirse deliberadamente. Los salarios de los trabajadores estatales y los haberes jubilatorios sostienen buena parte de la actividad económica de cientos de localidades entrerrianas. Cada peso que perciben vuelve al circuito económico en forma de consumo, comercio, servicios y empleo. Defender esos ingresos no es solamente una cuestión de justicia social; también es una política de desarrollo para la provincia.
Por eso preocupa que se intente enfrentar a entrerrianos contra entrerrianos. Cuando la discusión se concentra en cuánto cobra un jubilado, dejamos de hablar de los recursos que la Nación adeuda, de la generación de empleo, de la distribución de la carga tributaria y de las responsabilidades de gestión.
Las sociedades progresan cuando amplían derechos y construyen consensos. Retroceden cuando buscan culpables entre quienes trabajan y aportan.
La Caja de Jubilaciones necesita ser defendida, fortalecida y modernizada donde sea necesario. Pero jamás a costa de quienes durante toda su vida sostuvieron el sistema con su esfuerzo. Porque defender los derechos previsionales no es defender privilegios. Es defender un compromiso asumido por el Estado y una parte fundamental del entramado económico y social de Entre Ríos.
(*) Martín Oliva es senador por el Departamento Uruguay.
