Una nueva polémica sobrevuela la vitivinicultura argentina.
Sucede que el Ministerio de Economía, el organismo del cual depende el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hizo oficial un aumento de alrededor de 90% en sus aranceles, lo que afecta directamente a las bodegas y sus costos operativos.
En ese marco, los referentes del sector encendieron las alarmas: la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Bodegas de Argentina salieron a expresar su enojo ante la medida, en un contexto difícil para la cadena del vino en general.
En concreto, el Gobierno nacional oficializó la actualización de los aranceles que cobra el INV por análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos, además de diversos servicios complementarios vinculados al control y la fiscalización de la actividad.
La medida, instrumentada a través de la Resolución 102/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, comenzó a regir cinco días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial y ya generó un fuerte rechazo de parte de referentes de la industria.
De acuerdo a la documentación oficial, desde el Ejecutivo argumentaron que la actualización busca garantizar el autofinanciamiento del organismo, permitiéndole cubrir la totalidad de sus gastos operativos sin requerir aportes del Tesoro Nacional.
Además, los recursos también estarán destinados a afrontar compromisos financieros asumidos por el Instituto y a sostener el plan de inversiones en equipamiento e infraestructura previsto para este año.
Sin embargo, para gran parte de la cadena vitivinícola la medida representa un nuevo incremento de costos en un momento, como se mencionó, particularmente delicado para el sector.
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Así, entre los nuevos valores establecidos por el INV figuran aranceles de $50.000 por día e inspector para inspecciones requeridas al organismo, solicitudes de medidas de excepción por $40.000 y verificaciones de viñedos por $75.000. También se actualizaron los costos vinculados a certificados de exportación, análisis preferentes, calibraciones y trámites administrativos.
Asimismo, el organismo fijó un arancel de $0,019295 por kilogramo de uva ingresado a establecimientos elaboradores y actualizó los costos asociados a declaraciones juradas, análisis de contraverificación y distintos procedimientos técnicos vinculados a la actividad.
Según advirtió la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la actualización implica una suba promedio cercana al 90% respecto de los valores vigentes hasta ahora.
A través de un comunicado, la entidad expresó su “terminante oposición” a la resolución y pidió directamente su derogación.
“La competitividad de la vitivinicultura argentina no puede fortalecerse incrementando los costos regulatorios en un contexto de caída del consumo, retracción del mercado interno y creciente competencia internacional”, señaló la UVA.
La organización también cuestionó uno de los fundamentos de la norma, que plantea que la actualización permitirá mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
“Esto en la práctica es un aumento liso y llano de los costos de las empresas vitivinícolas”, sostuvo.
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Además, advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado el financiamiento del funcionamiento del organismo y de compromisos crediticios asumidos por el Estado nacional.
“Nuestra entidad siempre defendió la existencia de un organismo de control moderno, ágil y desburocratizado. Creemos que pone en duda la continuidad de este organismo cargar de costos al sector vitivinícola para cubrir no sólo los gastos operativos sino también compromisos crediticios”, agregó.
En tanto, desde Bodegas de Argentina, consultada por Infocampo, su presidenta Patricia Ortiz adoptó una postura más moderada, aunque también manifestó preocupación por el impacto de la medida.
“Entendemos las necesidades operativas y de financiamiento de los organismos. Sin embargo, también creemos que cualquier incremento de tasas o aranceles debe analizarse en el contexto que atraviesa hoy la vitivinicultura argentina”, afirmó.
La empresaria recordó que la industria enfrenta actualmente una combinación de factores adversos: caída del consumo interno, dificultades para exportar, incremento de costos y pérdida de competitividad.
“Por eso, toda carga adicional genera preocupación y debe estar debidamente fundamentada”, completó.
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Fuente: Info Campo
