La Justicia santafesina puso en marcha formalmente la venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor y fijó una base de US$52,1 millones para una oferta por el conjunto de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa, que fue declarada en quiebra en abril pasado. El proceso, mediante una licitación, incluirá seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba y un lote separado con las marcas y otros activos intangibles.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del proceso de la quiebra. Según dispuso, las plantas industriales fueron valuadas en US$27,4 millones, mientras que las marcas y activos intangibles quedaron tasados en US$24,7 millones.
La planta de Devoto, especializada en leche en polvo, manteca y crema, fue valuada en US$7 millones; la de Gálvez, dedicada al fraccionamiento y empaque de productos lácteos, en US$5,5 millones; las de La Carlota, enfocada en quesos duros, y Balnearia, dedicada a la elaboración de quesos, en US$5 millones cada una; la de San Guillermo, también orientada a la producción de quesos, en US$2,5 millones, y la de Sunchales, donde se elaboran leche UAT, leche en polvo y dulce de leche, en US$2,4 millones. Esta última sufrió una reducción del 20% respecto de la valuación original, de US$3 millones, luego del incendio registrado el pasado 7 de junio. La decisión se tomó tras verificarse el nivel de afectación en el establecimiento.
Según la resolución, la venta se realizará mediante una licitación pública organizada en siete lotes: seis correspondientes a las unidades productivas y uno integrado por las marcas de la compañía. Los interesados podrán presentar ofertas por plantas individuales, por combinaciones de activos o por la totalidad del paquete.
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El magistrado sostuvo que la modalidad elegida apunta a preservar el valor de la empresa y las fuentes de trabajo. En ese sentido, indicó que corresponde avanzar con “la venta de la empresa como unidad o de los conjuntos de bienes que integran cada establecimiento”, por tratarse de la alternativa “más apta para preservar el valor de los activos tangibles e intangibles y tutelar las fuentes de trabajo”.
La adjudicación no dependerá únicamente del precio ofrecido. El pliego establece que también se evaluarán la continuidad de la actividad, el mantenimiento de puestos de trabajo y los antecedentes de los oferentes. “La mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación”, señaló la resolución.
Para participar, los interesados deberán comprar un pliego valuado en US$10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta.
El activo de la marca
Más allá de las plantas industriales, en el sector lácteo consideran que uno de los activos más atractivos del proceso es la marca SanCor. Mientras varias de las plantas requieren inversiones para recuperar actividad y capacidad productiva, distintas fuentes consideraron que la marca sigue siendo uno de los activos más valiosos de la histórica cooperativa por el reconocimiento que mantiene entre los consumidores después de décadas de presencia en las góndolas.
No casualmente, casi la mitad de la valuación fijada por la Justicia corresponde a las marcas y activos intangibles. Según la resolución, el portafolio marcario fue valuado en US$24,7 millones. De ese total, US$18,7 millones corresponden a la marca principal, SanCor, y otros US$6 millones al conjunto de submarcas asociadas, entre ellas Mendicrim, Quesabores, Tolem, San Regim, Santa Brígida y Chelita.
En el expediente se señala que la valuación fue realizada mediante la metodología internacional conocida como “Relief from Royalty” o “Alivio de Regalías”, que estima cuánto valdría una marca según los ingresos que podría generar mediante licencias. El informe también concluyó que la marca perdió valor respecto de mediciones anteriores por el deterioro operativo, comercial, financiero y reputacional acumulado por la cooperativa durante los últimos años.
La cifra también refleja cómo cambió la situación de SanCor con el paso de los años. En 2018, cuando la cooperativa todavía buscaba alternativas para salir de la crisis, Adecoagro había ofrecido US$45 millones por dos plantas —Chivilcoy y Morteros— y las marcas Las Tres Niñas y Angelita. Hoy, la Justicia fijó una base de US$52,1 millones para vender seis plantas y todo el paquete de marcas de la histórica láctea.
Hay, además, una cuestión pendiente alrededor de dos de las marcas que salen a la venta. Mendicrim y Santa Brígida forman parte de una disputa judicial con el fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., que reclama derechos sobre esos activos. Para evitar que ese conflicto afecte la operación, el pliego establece que el comprador recibirá las marcas libres de restricciones, aunque una parte del dinero quedará inmovilizada en una cuenta judicial hasta que exista una resolución definitiva.
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La venta ya había despertado interés antes de que se conociera el pliego. A fines de mayo, el juez Gelcich encabezó en Sunchales una reunión informativa con potenciales interesados en la futura licitación. Allí se presentaron detalles sobre la situación económica, operativa y patrimonial de la empresa y se anticiparon los lineamientos del proceso que ahora quedó formalmente abierto. Del encuentro participaron representantes de empresas como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela, además de otros grupos empresarios que analizaron información vinculada con las plantas, las marcas y los restantes activos de la cooperativa. También había manifestado interés en el proceso el empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien envió una nota para participar de las instancias informativas vinculadas a la venta de activos.
Según pudo reconstruir LA NACION en ese momento, distintos grupos empresarios comenzaron a analizar alternativas que van desde la compra de plantas específicas hasta propuestas más amplias que incluyan marcas y otros activos de la cooperativa. En el sector aseguran que existen jugadores interesados tanto en activos puntuales como en una eventual solución más integral.
Otro de los aspectos contemplados en el pliego es la situación laboral. Los futuros compradores no asumirán las deudas laborales, previsionales ni de seguridad social generadas antes de tomar posesión de los activos, que seguirán tramitándose dentro del proceso de quiebra. Sin embargo, la cantidad de trabajadores que cada oferente se comprometa a mantener será uno de los factores que la Justicia tendrá en cuenta al momento de definir la adjudicación.
Las ofertas deberán presentarse en dólares y el adjudicatario tendrá un plazo máximo de 20 días corridos para pagar el monto comprometido. Una vez acreditado el pago, la toma de posesión de los activos deberá concretarse dentro de los tres días hábiles siguientes.
Los interesados podrán acceder a un data room con información técnica, contable y registral de la empresa, además de realizar visitas a las plantas antes de presentar sus propuestas. Luego se abrirán los sobres y comenzará el proceso de evaluación.
“La evaluación de las ofertas se rige por un esquema de calificación integral que pondera la oferta integral, el precio, la continuidad laboral y los antecedentes del oferente”, sostuvo la resolución.
Tras la publicación de los edictos en el Boletín Oficial de Santa Fe, los interesados tendrán cinco días corridos para acceder a la documentación y realizar visitas técnicas, y diez días corridos para presentar sus ofertas.
Si la primera licitación no prospera, la Justicia podrá avanzar con una segunda convocatoria sin base mínima. “Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el Tribunal resolverá la segunda licitación sin base”, señaló la resolución.
Fuente: La Nación
