Una investigación advierte sobre la comercialización de datos personales en América Latina a través de canales y bots de Telegram. El estudio identifica una tendencia preocupante en Argentina, Brasil y Perú, donde brokers de datos aprovechan filtraciones de organismos públicos como la del Renaper para rematar información personal, el DNI, por menos de 4 dólares.
“Identidades en venta”, realizado por la organización Derechos Digitales entre 2024 y 2025, identifica un ecosistema automatizado, lo que significa que la venta no suele ser manual sino que se realiza mediante bots que responden consultas. A través de esquemas de pago digitales, que van desde cripto hasta Mercado Pago, brindan el acceso inmediato a información de ciudadanos.
La información en venta incluye fotos completas del DNI, de licencias de conducir, domicilios particulares, historiales financieros, laborales, información de salud y hasta vínculos comerciales. Estos datos son usados luego para cometer distintos tipos de ciberdelitos, desde suplantación de identidad hasta extorsiones.
“Los riesgos derivados de este mercado ilegal no son meramente técnicos. La disponibilidad y circulación de datos personales en Telegram ha potenciado formas de violencia, incluyendo la violencia de género facilitada por tecnologías y la exposición de niñas, niños y adolescentes. Estos hechos muestran cómo la explotación de datos se cruza con estructuras de desigualdad y poder preexistentes, convirtiéndose en un mecanismo de control, silenciamiento y revictimización”, dice el reporte.
El estudio advierte que con comandos bastante simples es posible acceder por una suma ínfima a una radiografía total de la víctima: fotos faciales, firmas escaneadas, domicilios geolocalizados, historiales de deuda y vínculos familiares directos.
Este ecosistema de «identidad bajo demanda» se comercializa a precios marginales, con planes que arrancan en los 3,50 dólares y se abonan a través de plataformas comunes como Mercado Pago o criptomonedas, que son más efectivas para dificultar la trazabilidad de las transacciones.
La situación en Argentina y la respuesta de Telegram
Otro tema que el reporte resalta es que se puede acceder a la situación crediticia de la persona, la “peor situación” registrada, la cantidad de bancos involucrados, el monto total adeudado, el compromiso mensual (relación entre ingresos y deuda), el score crediticio, y su tendencia a lo largo del tiempo. “En otras palabras, esta sección ofrece una radiografía clara del comportamiento financiero de la persona”, dice el reporte. Muchos datos son tomados de Nosis, empresa que recolecta estos datos y que sufrió una filtración en 2024.
En este sentido, el reporte vincula la venta de estos datos con las filtraciones que ocurrieron durante estos años en organismos del Estado: incidentes de alto impacto, como la exposición de 116 mil fotos del Renaper en 2021, la filtración masiva del mismo organismo de 2024 que expuso 65 millones de registros, el robo de 6 millones de licencias de conducir y la publicación de registros del PAMI operan como indicios respecto de dónde podría salir la información.
Si bien es imposible confirmar que la información sale de estas filtraciones con total certeza, «existen coincidencias con los formatos, estructuras de bases de datos y el tipo de información que se podría esperar que tengan agencias estatales», explica a Clarín Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano para la Resiliencia y Defensa Digital, de Derechos Digitales.
Advierte el especialista: “En el caso de la ciudadanía, es importante saber que sus datos pueden ser accesibles para terceras personas a un costo muy bajo. Con tan solo saber el nombre, el número de DNI o un número de teléfono se puede obtener información como residencia, CUIL, historial crediticio, deudas, nombres de familiares y dirección completa, que en algunas ocasiones incluye enlaces a Google Maps”.
Una de las cuestiones más llamativas es lo simple que es acceder a estos bots de Telegram. La empresa, contactada por este medio, dijo que “compartir datos privados está explícitamente prohibido por los términos de servicio de Telegram, y dicho contenido se elimina en cuanto se descubre. Moderadores, apoyados con herramientas personalizadas de IA, monitorean proactivamente las secciones públicas de la plataforma y aceptan reportes para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo la difusión de datos privados”.
Además, recordaron que este año, “más de 9,5 millones de grupos y canales han sido bloqueados por violar los términos de servicio” de la plataforma. Sin embargo, es sabido que estos canales suelen reaparecer (“respawnear”, en la jerga) bajo otros nombres y que los compradores tienen técnicas para identificarlos fácilmente.
Bonifaz cree que “es importante exigir mayor transparencia sobre la actividad de las plataformas, por ejemplo mediante la publicación de informes periódicos con información sobre la remoción de contenidos ilícitos, el cumplimiento de órdenes judiciales y el funcionamiento de sistemas automatizados, como los bots”, asegura. Telegram publica periódicamente este tipo de reportes.
“Otro punto central es garantizar que plataformas como Telegram dispongan de canales eficaces de denuncia y respuesta rápida. En el caso de plataformas extranjeras (como Telegram en relación con Argentina), esto implica exigir que designen representantes legales en el país, capaces de responder ante las autoridades”, cierra Bonifaz.
Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, organismo que desde hace más de dos décadas y media denuncia la falta de protección a los datos personales en Argentina, advierte en diálogo con Clarín: “Esto muestra la fragilidad sistémica del ecosistema de protección de datos en Argentina. El Estado centraliza información que no podemos administrar de forma diferente y no está bajo una custodia apropiada. La base de la Anses tiene nuestros ingresos y deudas: con solo saber el CUIT de una persona se puede entrar al Banco Central y ver cuánto consumió con su tarjeta cada mes. Es información pública que no debería serlo”.
En 2024, de hecho, la organización demandó al Estado Nacional por la falta de cuidado de los datos, ante la filtración del Renaper, una de las más grandes del país.
“Los datos tienen un valor alto en el mercado cuando se ponen en volumen. No tomamos real conciencia de lo que esto significa, no solo por posibles estafas o extorsiones, sino por la privacidad. Que el Banco Central publique cuánto gasté de tarjeta me parece una violación total: no soy una persona pública ni deudora. No tiene sentido que el Estado exhiba esos datos. Tenemos un grave problema en todo sentido”, complementa.
La seguridad en manos de la inteligencia estatal
El informe de Derechos Digitales va más allá de la comercialización de los datos: apunta a la institucionalidad detrás de esta problemática. Allí advierte sobre el traspaso de las políticas de ciberseguridad a la órbita de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) introduce un factor de opacidad que dificulta el control democrático y la rendición de cuentas ante nuevas vulneraciones masivas de privacidad.
«A este problema estructural de las cuestiones vinculadas con los datos en poder del Estado, se suma la otra cara que tiene que ver con los organismos de seguridad y los organismos de inteligencia que introducen un factor de opacidad que dificulta el control democrático sobre lo que pasa con nuestros datos”, dice Busaniche.
“En el último decreto sobre servicios de inteligencia, donde se modifican sus funciones, en general se puso mucho foco en haberle atribuido a los empleados de la SIDE la potestad de detener personas sin orden judicial, lo cual es una aberración desde el punto de vista del Estado de derecho”, sigue.
Su referencia es al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el Gobierno de Javier Milei el pasado 2 de enero, donde el Poder Ejecutivo dispuso una reforma integral del sistema de inteligencia, con un artículo que habilita a personal de inteligencia a “aprehender” personas en determinadas circunstancias, como en casos de flagrancia o en el marco de tareas específicas vinculadas a la seguridad nacional.
“Pero también se suma la opacidad creciente en el uso de los servicios de inteligencia, que tiene varias características: la opacidad, la discrecionalidad de los fondos reservados y la falta total de control. Hay que recordar siempre que el único órgano de control que tienen los servicios de inteligencia es la bicameral, una comisión integrada por senadores y diputados que es la única con facultades de hacer control efectivo sobre ellos”, cierra Busaniche.
Reportes como el de Derechos Digitales ayudan a aportar transparencia en un ecosistema, por lo general, bastante oscuro.
El informe de Derechos Digitales
