José Luis Rodríguez, vecino de Manuel Adorni en el country Indio Cua, declaró este miércoles como testigo y contó que el jefe de Gabinete le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo. Fue antes de que los Adorni se mudaran a la propiedad que compraron en ese mismo club.
Rodríguez ratificó así lo que había declarado en la causa el contratista Matías Tabar, que dijo que Adorni había celebrado un contrato de alquiler en Indio Cua por US$13.000.
Pero el nuevo testigo añadió hoy que antes de ese contrato, que fue por 13 meses, le había alquilado esa misma casa por otros dos meses (en enero y febrero de 2024), por un total de US$5600, y que además acordaron extender la locación de los 13 meses por otros tres, a cambio de US$2400 adicionales.
Esta última extensión fue sin contrato, dijo el propietario. Se trata de un nuevo gasto que quedó bajo el radar de la Justicia.
Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración de Rodríguez, que este mediodía se fue de la fiscalía de Gerardo Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal.
La primera etapa del alquiler, que comprendió los meses de enero y febrero de 2024, fue acordada en octubre de 2023, cuando Adorni todavía no era funcionario público. Por eso, los US$5600 pagados por esos dos meses no se sumarán a la lista de gastos que confeccionan los investigadores, pero la información servirá para comparar el estilo de vida del actual jefe de Gabinete antes y después de ser funcionario.
El segundo tramo del acuerdo se inició vencido el anterior, en marzo de 2024, y se extendió hasta marzo de 2025. El contrato fue por un total de 13.000 dólares, tal como relató el contratista Tabar. Fueron cancelados en efectivo, de acuerdo a fuentes del caso.
Los últimos tres meses de alquiler, en tanto, fueron resultado de un arreglo de palabra entre Adorni y Rodríguez. El funcionario se encontraba ultimando las obras en la casa que había comprado en el country en noviembre de 2024 y le pidió a su nuevo vecino extender el acuerdo. Acordaron un pago de US$800 por mes que sumó un total de US$2400.
Rodríguez respaldó sus dichos con su teléfono, exhibiendo algunas de las conversaciones que mantuvo con Adorni. En este expediente, la Justicia investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y revisa todos sus gastos en busca de determinar si su estilo de vida y patrimonio guardan relación con sus ingresos.
El cálculo fino de todos los números que la Justicia recolectó durante estas últimas semanas estará bajo responsabilidad de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un órgano especializado del Ministerio Público.
La declaración anterior a la de Rodríguez produjo un giro en esa ecuación. Matías Tabar, la persona responsable de los arreglos mientras Adorni alquilaba la casa en Indio Cua, declaró que por sus trabajos en el country recibió del funcionario un total de US$245.000.
Las refacciones de Tabar fueron profundas: consistieron en hacer pisos y paredes nuevas y una pileta con cascada, entre otras mejoras, según precisaron fuentes judiciales.
Por la casa, según la documentación reunida por la Justicia, Adorni pagó un total de US$120.000. El día de la escritura, el funcionario acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por un total de US$100.000, más del 80% del valor escriturado.
Adorni canceló 30 mil dólares de esa deuda, pero el resto tiene fecha de pago noviembre de este año. Las mujeres prestamistas, que no lo conocían, fueron acercadas al funcionario por la escribana Adriana Nechevenko, a cargo de la escritura, quien también fue llamada a declarar por el fiscal Pollicita.
Una dinámica parecida tuvo la compraventa del departamento de Caballito, el otro inmueble de Adorni que quedó bajo el radar de la Justicia. Lo compró en noviembre de 2025, a dos mujeres jubiladas que le postergaron, sin intereses, más del 85% del pago. La operación se cerró en 230 mil dólares y el funcionario pagó solo 30 mil.
Según declaró la persona encargada de la operación, Pablo Martín Feijoo, el acuerdo contempló otro pago de 65 mil dólares del que no quedaron registros oficiales.
Son todos números que el funcionario deberá explicar si el fiscal Gerardo Pollicita decide avanzar con un requerimiento de justificación, una instancia anterior a la indagatoria, en la que el funcionario debe poder justificar el origen de sus gastos.
La Nación
