La causa penal analiza transferencias irregulares de fondos sindicales hacia cuentas personales y de agrupaciones políticas.
Una red de presuntos desvíos de fondos en el seno de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) puso en el centro de la escena judicial a una militante de La Cámpora, tras detectarse movimientos de dinero que no coinciden con los registros contables del sindicato.
La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos y medidas de prueba para determinar el destino final de las partidas presupuestarias que, según la denuncia inicial, terminaron en cuentas ajenas a la actividad gremial. El expediente, que avanza bajo estricto secreto de sumario, analiza la responsabilidad de la dirigente en la administración de recursos destinados a la asistencia social y la infraestructura sindical.
La investigación se disparó a partir de una auditoría interna que reveló «inconsistencias insalvables entre los ingresos por aportes y los egresos declarados», lo que derivó en una presentación formal ante los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la implicada tenía acceso directo a las firmas autorizadas para el movimiento de partidas, lo cual habría facilitado la maniobra de extracción de activos. Según consta en el escrito judicial, se identificaron «transferencias bancarias directas hacia cuentas de terceros que no poseen vínculo contractual con la institución metalúrgica».
En el marco de las pericias, los investigadores detectaron que una parte del dinero habría sido utilizada para el financiamiento de actividades políticas territoriales ajenas a la vida institucional de la UOM. Uno de los testigos clave de la causa declaró ante el fiscal que «la discrecionalidad en el manejo de las cajas era total y respondía a órdenes directas que no pasaban por la comisión directiva». Esta declaración comprometió seriamente la situación procesal de la militante camporista, quien cumplía funciones estratégicas en el área de finanzas del gremio liderado por Abel Furlán.
Por el momento, la defensa de la acusada niega las irregularidades y sostiene que se trata de una persecución política interna, aunque los documentos secuestrados en los operativos de la última semana parecen indicar lo contrario.
Los libros contables y las terminales electrónicas incautadas muestran un patrón de gastos que los peritos calificaron como «un esquema de drenaje sistemático de fondos para fines personales y partidarios».
La Justicia aguarda ahora el resultado de los cruces de llamadas para determinar si existieron cómplices dentro de la cúpula sindical que permitieron o facilitaron el desvío de los activos bajo investigación.
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